Moción solicitando la descentralización y las competencias sobre actividades clasificadas

Florentino Guzmán Plasencia Medina, Concejal del Grupo Municipal Socialista, al amparo de lo dispuesto por el vigente Reglamento Orgánico del Pleno, somete a la consideración del Pleno de la Corporación la siguiente MOCIÓN:

ANTECEDENTES

La actual normativa que regula los trámites administrativos para la obtención de licencias para la apertura de empresas o negocios de profesionales está fijada por el reglamento de actividades clasificadas, así como por el nomenclátor que los identifica.

Esta regulación se ha demostrado excesivamente intervencionista, obstruccionista y extemporánea con las directrices europeas (Directiva 206) y de escasa eficiencia en defensa del interés publico que se le presupone como fin. Esta conclusión se alcanza a partir de las numerosas quejas y reclamaciones de los administrados y asociaciones empresariales.

La apertura de una pastelería, una industria, un taller, un restaurante o el garaje de un edificio se regula por una normativa que actualmente puede demorar el trámite del expediente entre el Ayuntamiento y el Cabildo hasta en 18 meses, hecho que bloquea y penaliza el desarrollo económico de nuestra Isla, más aún en las circunstancias económicas actuales. La Cámara de Comercio ha tasado estas trabas burocráticas en trescientos millones de euros al año.

Dinamizar la economía y elevar las cotas de productividad pasa por la supresión de trabas burocráticas y excesivamente intervencionistas, y esto se podría alcanzar con la incorporación, en el máximo numero de procedimientos que sea posible, del concepto de “actos comunicados” como elemento dinamizador de las tramitaciones. Para ello, también los administrados deben saber que se cambia agilidad por rigurosidad en el procedimiento normativo establecido, lo cual se debe traducir en actuaciones ejemplarizantes de la actividad inspectora frente a los incumplimientos.

La simplificación de trámites en los procedimientos que no supongan merma de los derechos de terceros garantizará la rapidez de los procedimientos administrativos necesarios, reforzando estos derechos y protección de los administrados, modernizando la economía y facilitando la vida de los ciudadanos, con todos los beneficios para el empleo y la productividad que esto supone.


Por lo expuesto y argumentado, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno de la Corporación Municipal la adopción del siguiente:

ACUERDO

Instar al Cabildo de Tenerife a reformar, los procedimientos administrativos para la concesión de licencias de actividades, introduciendo las siguientes líneas de actuación:

• NOTIFICA, NO AUTORIZA. En aquellas actividades que por su naturaleza lo permitan, sin mermar los Derechos de terceros, se sustituirán las autorizaciones por notificaciones, reduciendo así las trabas y obstáculos al acceso y ejercicio de una actividad. Asimismo, la nueva normativa debe prever la simplificación de los trámites administrativos (en beneficio especialmente de las pymes) impulsando la ventanilla única, así como garantías de información a los ciudadanos.

• La normativa de tramitación garantizará la calidad de la prestación a través del refuerzo de los servicios de inspección y control. En esta línea, se prevé reducir a un mes el plazo máximo para dar respuesta a las reclamaciones presentadas por parte de los administrados y consumidores.

• Descentralizar las tareas administrativas, delegando hacia los ayuntamientos aquellas competencias que permitan la agilización de la tramitación de los expedientes, evitando los cuellos de botella que actualmente se producen por la Administración Insular, potenciando las actividades inspectoras de los técnicos frente a las tareas de supervisión de expedientes.

• Implantar en el plazo más breve posible la administración electrónica como mejora de las relaciones entre las Administraciones Públicas y las empresas, lo cual redundaría en mejorar la productividad, simplificando y agilizando la prestación de servicios. Puesto que la Ley 11/2007 para el acceso electrónico a los ciudadanos a las administraciones públicas propone 2011 como fecha limite de implantación, se propone adelantar este plazo usando la gestión de actividades clasificadas como plataforma experimental de este proyecto gubernamental.

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